El fiscal de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, está al frente de la investigación. El viceministro de Tributación habla de que además de clubes y firmas de maletín hay asociaciones y ONGs.

En la fecha se procederá al deslacrado de todos los elementos incau­tados por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, entre el 26 y 28 de agosto pasado en varios allanamientos realizados en Luque, Asunción y Fernando de la Mora, donde inicialmente se identificaron a 192 evasores que habían comprado factu­ras falsas para evadir el pago de impuestos en un período de 5 años (2015-2020), con un perjuicio de aproximadamente 100.000 millones de guaraníes, unos 15 millones de dólares..

El hecho fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tri­butación (SET); un estudio con­table habría creado alrededor de 52 empresas de maletín que aparentemente vendían fac­turas a unas 192 firmas, entre comercios, personas físicas, ONGs, clubes de fútbol para no pagar millonarios impuestos. Las 52 empresas fueron crea­das con el solo objetivo de ven­der facturas, sin comercializar nada. El viceministro de Tri­butación, Óscar Orué, mani­festó que el fiscal Ledesma ya cuenta con todos los elementos y cree que oportunamente se darán las imputaciones corres­pondientes y es ahí que se cono­cerán las empresas y personas físicas que evadieron millones de guaraníes al fisco, ya que por su condición de viceministro está obligado a respetar el dere­cho de actuaciones como está previsto en la ley, al no citar los nombres de los evasores.

“Compraron facturas falsas, asociaciones, clubes de fútbol, ONGs, fundaciones, organiza­ciones sin fines de lucro”, dijo Orué. El viceministro explicó además que si bien las ONGs, fundaciones, como los clubes de fútbol no tienen la obligación de pagar impuestos, tributar por rentas, por ejemplo, al ser entidades sin fines de lucro, se debe tener en cuenta que pue­den caer en lavado de dinero, es decir sacar plata de forma ilegal de la asociación o del club, pagar cosas ilegales y como no tienen cómo justificar el pago, emiten factura falsa.

En otro momento indicó que durante los allanamien­tos se encontraron hasta una máquina en la que se hacen las facturas falsas. “Todas las empresas, firmas u organiza­ciones investigadas ya fueron notificadas y deberán presentar todos los documentos que rec­tifican las facturas que los com­prometen, muchos ya se recti­ficaron”, manifestó Orué. Dijo también que las empresas inves­tigadas están expuestas a mul­tas de hasta 300 por ciento, es decir, que si evadieron 100 millo­nes de guaraníes deberán pagar 400 millones más los intereses.

En este caso está procesado el contador Mario César Ferreira Maidana, en cuyo estudio fue­ron encontrados numerosos elementos de posibles factu­ras falsas, tras el allanamiento en la compañía Maramburé de Luque.

En junio del 2015, la Subsecretaría de Estado de Tributación, enca­bezada por la viceministra Martha González, también había denun­ciado una megaevasión en tema de impuestos y se realizaron 15 allanamientos en los que se constató un esquema delictivo para evadir al fisco, por casi 400.000 millones de guaraníes.

En aquella oportunidad se comprobó que las empresas cayeron en los delitos de producción de documentos no auténticos, inscripción de perso­nas en el RUC sin la firma del titular o de personas fallecidas, ade­más de clonación de facturas. En esa ocasión fueron involucradas 23 empresas que movían el aparato delictivo para la evasión, que ayudaba posteriormente a otras 150 para proveerlas de facturas falsas y clonadas, todos de los años 2009 al 2011.

Fueron al menos cincuenta denuncias que la SET había realizado ante el Ministerio Público, todos por el mismo hecho de evasión impositiva. Sobre este caso, el actual viceministro Óscar Orué explicó que muy pocas empresas que se vieron implicadas en esta megaevasión pagaron en su totalidad lo que adeudaban como tributo y que actualmente algunos casos están en la justicia ordinaria, ya que varias empresas habían apelado, frenados por la judicialización. “Ahora hicimos un decreto que facilita a las empresas a ir pagando, con cero interés y con eso la mayoría van pagando sus deudas”, dijo Orué.