Pese a las graves denuncias de corrupción y licitaciones irregulares, para el responsable del control de las compras covid-19 no hubo pérdida de patrimonio.

Desde el inicio de la gestión del presi­dente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, hubo un relacionamiento muy cercano con los refe­rentes del Partido Demo­crático Progresista (PDP), pero hasta el momento solo sirvió para acaparar los mejores cargos dentro del Estado. Al parecer estos “opositores aliados” están bien adiestrados para blan­quear o desmeritar todos los hechos de corrup­ción denunciados hasta el momento.

Para muestra vale un botón. En el informe de la comisión de control de gastos de la Ley de Emergencia, encabezada por el ministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, miembro del PDP, refiere que no hubo daño patrimo­nial en las compras de Salud, siendo que se denunció que las empresas, Imedic y Euro­tec de Justo Ferreira, y las licitaciones están plagadas de irregularidades y ade­más recibieron un anticipo monetario por las cargas, algunas, de dudoso origen.

Las licitaciones amañadas fueron denunciadas y la car­tera sanitaria no tuvo otra opción que cancelar algu­nos procesos y rescindir otros acuerdos, quedando sin equipar los hospitales y los médicos sin los mate­riales de protección para el combate al covid-19, pero para Giuzzio no hubo daño patrimonial.

Tras darse el informe de la comisión especial, las reac­ciones no tardaron en llegar y todos apuntaron al ministro Arnaldo Giuzzio y al titular de la Secretaría Anticorrup­ción, René Fernández. Coin­cidentemente, ambos forman parte de los “opositores alia­dos” al Gobierno.

Pero nada es casual en la rela­ción entre los referentes del Gobierno y los “opositores”, quienes fungen más de alia­dos que otra cosa, como es el caso de la senadora Desirée Masi y su esposo Rafael Fili­zzola, recientemente desig­nado como asesor del Minis­terio de Educación y Ciencias (MEC). Ambos son conocidos dirigentes del PDP.

Otros referentes del PDP en el Gobierno son Carlos Arre­gui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el abogado José Casañas Levi, director de la Unidad Anticorrupción del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC). Todos ubicados en direcciones y cargos enfoca­dos a precautelar la transpa­rencia y evitar la corrupción, ¿coincidencia?