• Por Rossana Escobar M.
• Editora de Investigación
• Grupo Nación

El “hostigamiento” sistemático que primeramente denunció mediante unos videos la diputada Kattya González y que siguió su curso con una denuncia que la legisladora presentó en la Fiscalía General del Estado “ante la peligrosa línea editorial” del grupo de medios al cual pertenezco no podía pasar desapercibido. Principalmente, porque considero una acción desacertada pedir la intervención del Ministerio Público en medio de tamañas acusaciones que resultan un amedrentamiento a la libertad de prensa y, sobre todo, al ejercicio del periodismo.

Sin entrar a discutir lo jurídico, la acción presentada apunta a silenciar lo que la piel no tolera, lo que molesta en lo particular utilizando la investidura, además de los varios roles que describió en su denuncia la diputada. Sienta también un precedente para una seguidilla de estas medidas que sabemos pesan mucho cuando provienen de actores políticos como es en este caso.

La diputada suscribió un artículo de nuestra Constitución Nacional en el cual se consagra el derecho ciudadano de recibir información veraz, responsable y ecuánime, nos trató de rastreros e indignos escribas (me incluyo porque generalizó a todos los trabajadores de los medios del Grupo Cartes). Alertó a la ciudadanía sobre el clima del odio, intolerancia y violencia que se propician desde este holding y hasta notificó amenazas a su vida, honor, etc.

Tuve la oportunidad de conocer a la diputada Kattya cuando se hacía eco de mis denuncias periodísticas en sonados casos como los de la secretaria vip del contralor, “UNA no te calles”, etc. Fueron emblemáticos trabajos periodísticos que desnudaron corrupción y que ella tomó como estandarte en este difícil proceso de despertar ciudadano.

Siempre valoré su actuación en los casos de corrupción difundidos por los medios donde estuve, en los que por cierto (Kattya sabe) me costó darle espacio ante el “figuretismo” que le atribuían y el oportunismo de usar la prensa como trampolín.

Por lo general las críticas molestan, más aún a personas y políticos con el temperamento de la diputada. Pero no pueden ser presentadas como una amenaza ni mezclar la rivalidad política con los propietarios para acallar publicaciones que no la favorecen, o no favorecen a los que no son del Partido Colorado.

Entiendo que un diputado o un senador debe legislar para todos y dar trato igualitario a todos. ¿Por qué la miopía de no ver los corruptos de otros colores? Esta posición arbitrariamente discriminatoria desmorona las bases del Estado de derecho que insiste en su discurso la diputada.

Un claro ejemplo es el de Ciudad del Este. Si no fuera por una investigación seria, pura y rigurosa de nuestro medio, la ciudadanía no se enteraría de los procesos licitatorios covid fraguados en los que incluyen hasta a un disc jockey como parte de un llamado para compra de alimentos.

O el escandaloso caso de la merienda escolar en Guairá, que se coronó con evidencias irrefutables difundidas por el programa “La caja negra”, de Unicanal.

Estas y varias otras investigaciones irrebatibles difundidas a través de nuestros medios es una prueba de que nuestros trabajos periodísticos no mienten. Son verdades de hierro. Que no agraden o que muchos traten de desacreditar, por jugar en contra de sus intereses, es otro asunto.

Si la calumnian o difaman, entable una denuncia, diputada. O desmienta como lo suele hacer en sus videos. Usted es experta en eso. Utilizar el recurso de la censura para satanizar a quienes la critican y limitar la delincuencia a políticos colorados, tal como suscribió en su denuncia, ignorando alevosas rapiñas como en la administración de Miguel Prieto, es una postura muy selectiva que resta rigor a su lucha contra la corrupción.