En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se licita una obra para el dragado del río Paraguay por valor de US$ 20 millones. Esta obra es considerada clave ya que este año se estima que la soja movería unos US$ 5.000 millones y toda esa producción se exporta vía fluvial, por lo tanto, la navegabilidad del río es fundamental.
El problema está en que nuevamente las licitaciones se digitan para los amigos, que a juzgar por los últimos hechos denunciados, son la constante en este Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en particular.
La empresa que fue adjudicada para el dragado es representada por un conocido empresario, considerado íntimo del ministro. En teoría, los amigos de los que están en el poder también tienen derecho a trabajar. El punto está que le arman los negocios, les dibujan los pliegos de bases y condiciones, obvian las imposibilidades de las mismas para hacer el trabajo, no se busca el ahorro ni la calidad para el Estado, sino, simplemente, que el amigo se siga forrando con el dinero que todos los paraguayos pagamos a través de nuestros impuestos.
En esta licitación referida se presentaron cuatro empresas. Uno de los requisitos, en el aspecto de dotación de personal, era la presentación de un jefe de obras con 10 años de experiencia en el rubro de dragado o en el ámbito de la navegación. La empresa adjudicada propuso para el cargo a un ingeniero, ex presidente de la Ande, y para avalar sus años de experiencia en el rubro solicitado presentó un certificado de trabajo expedido por el dueño de la empresa adjudicada.
En dicho certificado menciona que el ingeniero se ha desempeñado como asesor y jefe de obras en 3 contratos similares que el MOPC adjudicó a la empresa. Uno de los contratos transcurre en el periodo en el cual el ingeniero ocupó el cargo de presidente de la Ande. Por carta orgánica de la empresa estatal y porque físicamente es imposible, el ingeniero no pudo haber desempeñado ambos cargos en forma simultánea.
Además, presenta certificados académicos de cursos con duración de 2 días, pero que son mencionados como si fueran 240 horas académicas. Las ofertas de las convocantes tienen carácter de declaración jurada. En el informe de evaluación llevado adelante por el MOPC se pone de manifiesto la condición del contenido falso en los documentos de oferta y que la misma quedaba rechazada. Además, el informe técnico rechazó la oferta por no haber justificado en forma adecuada el precio considerado temerario e impracticable. Todo esto se dejó de lado, y la orden fue ¡adjudiquen!
Es la misma empresa beneficiada con varios otros contratos, como la construcción de Costanera Sur, adjudicación que se dio en el 2018 y hasta ahora no pasó nada. La misma empresa cuyas cuentas están embargadas por un problema interno entre socios. ¿Cómo el MOPC le depositará el anticipo del 30% si la cuenta de la empresa está embargada? No podrán usar el dinero, la obra tendrá un retraso o simplemente no se hará con las consecuencias que eso implica.
Lo mismo ocurrió en otra licitación para la rehabilitación del tramo Remanso - Ruta 9 (Vista Alegre – Puerto Falcón) por valor de US$ 26 millones. El llamado se protestó, Contrataciones Públicas hizo lugar a la protesta interpuesta, con observaciones durísimas que hablan de producción de documentos públicos de contenido falso, armado por el mismo comité evaluador del MOPC para justificar la adjudicación a un consorcio amigo, sin embargo, ahora, como se pilló el fato pretenden declarar desierto el llamado antes que adjudicar a las mejores ofertas y que no tienen problemas con sus papeles.
El escándalo del “puente del Ñanduti” es un poroto al lado de otras licitaciones dibujadas en este ministerio y en las que hasta ahora, más allá de las denuncias en la prensa, nadie hace nada, todo sigue igual. El ministro ni informa sobre sus actos, se cree impoluto y encima bloquea en redes a quienes reclaman transparencia. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que nos joroben de esta manera? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.