El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que en el Argentina el presidente Alberto Fernández, extendió hasta el venidero 17 de agosto, impide a una buena parte de esta sociedad a reunirse en las mesas de los bares para discutir la política. Desventaja para la ciudadanía. Satisfactorio, para los actores públicos que solo reciben las devoluciones a sus acciones o inacciones, a través de las encuestas que pagan para conocer, básicamente, el clima social; o de las comunicaciones reticulares circulantes en múltiples plataformas; y, en los medios tradicionales que, tampoco publican suficientes informaciones de fondo, en procura de ganar cliques en sus portales digitales, con intrascendencias y banalidades.

Pese a ello, la presentación que Alberto F. realizó de un proyecto de reforma judicial con la constitución de una “comisión de (juristas) notables”, integrada por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández en varias causas por presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando era Presidenta, entre el 2007 y el 2015, potencia las fuertes tensiones político-sociales que se verifican desde muchas semanas. El Presidente, sin embargo, no ejecuta nada nuevo.

Desde 1983, los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989); Carlos Menem (1989-1999); y, Néstor Kirchner (2003-2007), operaron en el mismo sentido aunque con motivaciones, en algunos casos parecidas y en otra, sustancialmente diferente, como lo fue la de Alfonsín que impulsó el cambio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para desplazar a la anterior por connivencia con la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los otros cambios –aunque con argumentaciones muy parecidas a las actuales– en la consideración pública, se dieron dentro del marco de tan complejas como extendidas investigaciones de presuntos sucesos de corrupción.

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Una vez más, más de lo mismo. Con fundamentos expuestos sobre un total de 57 páginas, el jefe de Estado construyó públicamente la necesidad de reformar el Poder Judicial lo que es, también, una demanda social real y concreta. Sin embargo, la iniciativa impulsada, seda de patadas con las necesidades personales de no pocos líderes políticos que han tenido, tienen o podrían tener una vez más responsabilidades de gobierno y los sentires sociales. Una nueva y vieja situación que, en consecuencia, agrega tensión a la sociedad argentina.

Muy pocas y pocos creen en la palabra de los líderes. De allí que expectantes, los y las integrantes de esta sociedad binaria, tapan sus oídos y abren sus ojos antes los posibles cambios anunciados. No importa lo que digan, solo quieren ver lo que hacen. Formalmente suspendido –aunque transitoriamente pero sin fecha explícita para su finalización– que se encuentra el derecho humano a transitar libremente, como la Argentina lo comunicara oficialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando promediaba el pasado mes de marzo, el amplio debate que supone la reforma impulsada por Alberto F. es prácticamente imposible mientras se mantengan las restricciones de derechos que devienen del sanitarismo.

En ese contexto –si bien son conscientes de que en el imaginario social subyace la idea de que reformar así es inconducente– no son pocos en el oficialismo los que creen contar con alguna ventaja comunicacional y operativa para imponer la iniciativa. Se encuentran legalmente impedidos de movilizar en la calles para ejercer el derecho humano a la libertad de expresión quienes quieran expresar sus disidencias más allá de las redes ciberpatrulladas.

Cornelius Castoriadis (1922-1997), economista, sociólogo, filósofo, impulsor de la “autonomía política”, protagonista del Mayo Francés del ’68, estudioso del imaginario social, sostiene que la creación de una institución social nunca puede explicarse por cuestiones materiales. Enfatiza en que lo mismo pasa con los cambios que emergen a través del imaginario social cuando implican discontinuidades y se establecen nuevas determinaciones, como es el caso del Estado, una institución explícita de la sociedad. “La idea de ciudadanía no puede concebirse sin la idea del Estado, sentencia. Dilemático. ¿Qué dirá la sociedad civil cuando rompa el silencio?

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