• Por Augusto dos Santos
• Analista

Tanto la izquierda como la derecha tienen dificultades para sostener procesos políticos cuando se enfrentan a casos de indignación social como detonante está protagonizado: ejemplos más claros son Bolivia y Chile. No queda lejos de esta situación las crisis que se dieron tanto en Venezuela, Ecuador, las que podrían ocurrir en Brasil y las consecuencias que tuvo en Argentina en materia electoral.

Muchos se preguntaron en estos días por qué Paraguay parecía una isla en medio de tanto petardeo. En rigor, el Paraguay no se encuentra blindado de un estallido social, pero, por cierto, está bastante más lejos que en otros países en la posibilidad que se plantee un fenómeno global, nacional.

Los dos últimos hechos que pueden considerarse movimientos cívicos sin “contaminación político-mediática” han sido las protestas así denominadas After Office Revolucionario en el 2012, en aquellas memorables jornadas para impedir una concesión extraordinaria de recursos al TSJE, ocasión en que –incluso– se acuñaron expresiones como “dipuchorros y senarratas” y más tarde, en el 2015, el movimiento universitario UNA no te Calles, que provocó la caída de un rector de la UNA y generó el despertar cívico de la universidad después de décadas de silencio.

Otros hechos históricos como el Marzo Paraguayo o las protestas de marzo del 2017, entre otros, tuvieron altísima participación de partidos políticos y grupos de medios de comunicación como cogestores, lo cual quedó claro, fundamentalmente, tras los heroicos hechos de marzo de 1999, cuando tras la muerte de jóvenes en la plaza asume uno de los gobiernos más corruptos de la historia reciente, trepado en la consigna de tal hecho revolucionario.

Se pueden citar, pero en escala mucho más puntual, algunos movimientos que promueven escraches, pero, obviamente, no tienen la escala de las grandes masas de indignados que han marcado cambios históricos.

Cabe volver a la pregunta: ¿puede generarse en Paraguay un movimiento de la dimensión de las movilizaciones que se produjeron contra gobiernos de derecha o izquierda en Bolivia, Chile, Ecuador o Venezuela?: no es fácil decir que sí; aunque al ser la indignación un proceso de combustión imprevista y a veces espontánea puede que existan hechos que la predispongan, pero existe un dato que debe ser considerado, quizás con mayor calidad por la academia, particularmente en sus estudios de la sociología política: el factor contenedor social de los partidos tradicionales y sus redes de clientelismo político.

Se menciona con frecuencia como identidad del clientelismo político en la Argentina y en particular en los partidos de extracción peronista el asunto de los “planes”. Hablamos de subsidios para que las familias puedan contar con recursos para comer, para su salud o para su educación. Se expresa en muchos análisis que con tales fórmulas de asistencia social, al tiempo de beneficiar a las familias carenciadas, el poder ha generado un esquema de clientelismo capaz de ser número en las elecciones.

En Paraguay, los partidos políticos tradicionales, con exacerbación tras la nueva Constitución del 92 que generó cargos públicos a manos llenas, han recurrido a una herramienta mucho más eficiente, controlable, mesurable y presionable: el empleo público.

Tal herramienta, que se han repartido el Partido Colorado y el PLRA esencialmente (no exclusivamente) ha provocado un inmenso ejército de paraguayos y paraguayas que dependen del sueldo que le entrega mensualmente el Estado paraguayo, tanto la asistente que trabaja en el Congreso en Asunción como el guardaparques del Cerro Chovoreca y la enfermera de Salto del Guairá. A su vez, cada una de estas personas forma parte de una red de contactos familiares y partidarios que, en su conjunto, representa un significativo sistema nacional de ciudadanos que durante décadas tomará parte de la política con base en el sector interno partidario al que pertenecen, dependiendo de la directiva de sus líderes, movilizados en una u otra dirección con base en tales intereses.

Estos funcionarios cuentan con un sueldo mínimo, como base, un sistema financiero (cooperativas, usura, créditos) que les produce un núcleo extra de empoderamiento y están al mismo tiempo permanentemente tentados por la posibilidad de dejar de lado el último escollo ético y sumirse en roscas de corrupción con las que aumentan todavía más potentemente sus ingresos. Y muchos lo hacen.

Vale recordar aquí que el sistema de jubilación y seguridad social de Chile es absolutamente más precario que el existente en el Paraguay.

La incitación de este comentario al análisis de los académicos que estudian los fenómenos sociopolíticos es verificar en qué medida los fenómenos de “indignación destituyente” son mucho más contundentes en otros lares que en nuestro país, lo que tiene su factor de mitigación, o de contención, en lo profundo y arraigado que se encuentra en el Paraguay el factor del clientelismo político y la prebenda desde los partidos tradicionales, principalmente, agregando que estamos hablando de un modelo de empleo público sujeto a resultados; esto significa que hay un núcleo mayoritario de trabajadores cuya suerte de acceder o de ser despedido depende de su “calidad” para escoger uno u otro movimiento político y que este se haga del poder.

Esto hace –a su vez– que en el Paraguay, en los sectores económicos medios-bajos y bajos, la expectativa de trabajar para el Estado siempre está presente en la vida activa de una persona, todo depende del patrón político que asumirá el poder en uno u otro período.

Probablemente, y aquí retomamos lo que podría ser una curiosidad periodística a ser verificada desde la ciencia social, el empleo público clientelista sea un factor que contiene, debilita o impide una fortaleza global a los movimientos de protesta y de indignación. Quizás esa horrible expresión prebendaria “no patees contra tu olla” encierra una de las razones profundas al respecto de la “pax paraguaya” en tiempos de irritación social regional.