A nivel país contamos con aproximadamente 300.000 servidores públicos, en instituciones de los 3 poderes del Estado una “superpoblación” para un país como el nuestro en el que llegamos apenas a los 7 millones de habitantes. (Equivalente a 23 funcionarios por cada 100 habitantes).

Se habló y se lo sigue haciendo con insistencia y muchísima razón, en dar el lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad y capacidad de gestión y trayectoria profesional que nos permitan tener una administración pública de calidad comprobada, que la ciudadanía anhela pues a través del pago de sus impuestos y otros tributos, permiten que puedan seguir percibiendo mes a mes sus salarios y otras retribuciones muchísimos de ellas sin justificar en lo más mínimo, ocasionando una presión financiera cada vez mayor sobre nuestro PGN.

Todo ello se ve plasmado en la “lluvia de reclamos” que han venido haciendo varias entidades ante el Parlamento, cuando bien sabemos que no existen los recursos necesarios para atenderlos, lo cual no haría otra cosa más que salir de lo pactado dentro del tope máximo permitido dentro de la LRF (equivalente al 1,5% del PIB).

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La deficiencia estructural observada en la mayoría de nuestras instituciones públicas se concentran en una limitada formación académica y técnica ocupando muchos de ellos posiciones de relevancia, en los que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, pues carecen de los atributos precedentemente mencionados tornando así muy difícil exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo.

Contamos con un exceso de funcionarios en plena era de la tecnología, que absorben el mayor porcentaje de los ingresos fiscales obligando al Estado a provisionar para el pago mensual de gastos rígidos (sueldos y salarios) más del 75% de los gastos corrientes del PGN, y que si agregamos lo devengado en concepto de jubilaciones y pensiones llegamos a G. 90 por cada G. 100 recaudado, quedando relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como salud, educación e infraestructura en los que seguimos lamentablemente mal posicionados.

La calidad y eficiencia técnica-profesional de los mismos, salvo excepciones, deja mucho qué desear, debido a la falta de los atributos primarios que se pasan por alto afectando la eficiencia y eficacia que deberían ser parte del perfil de los servidores públicos.

No lo decimos nosotros, sino el propio BID que en uno de sus informes remarcó que la calidad del servidor público de Paraguay es uno de los más rezagados de la región, lo que directa y/o indirectamente también posee correlación con nuestra Calificación de Riesgo País cuyo Up Grade que nos permitan alcanzar el Grado de Inversión están cada vez más distantes, pues si bien las variables macroeconómicas se mantienen relativamente dentro de los parámetros aceptables, nuestra microeconomía desde hace varios meses viene pasando por uno de sus peores momentos, lo cual se ha traducido ya a nivel país en una situación técnica de recesión económica.

Debemos centrarnos en priorizar la calidad, experiencia y solvencia profesional de los mismos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones están distantes de lo que exige su posición y responsabilidad frenando la posibilidad de contar con un Estado moderno y eficiente, acorde al mundo globalizado y competitivo en que vivimos que nos permitan recibir un servicio de excelencia derecho al cual tienen todos los ciudadanos que pagan sus impuestos dándoles la potestad de exigirlo.

Precisamos de urgentes reformas estructurales de fondo para aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas, y que siguen pululando por los pasillos de ministerios, secretarías y otros entes sin tener una función específica, muchos de ellos sin tan siquiera saber manejar una PC en pleno siglo XXI. Y aquí sí queremos dar un paso al frente, ¡no debería haber “tu tía para nadie”!

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