El desenlace violento que registró el domingo último el enfrentamiento entre facciones criminales en la penitenciaría regional de San Pedro, algo que nunca había ocurrido en un reclusorio en Paraguay, desnudó las falencias de nuestro país en materia de seguridad nacional en toda su amplitud.

Lo ocurrido entre el PCC y el clan Rotela no hay que tomarlo a la ligera porque no es el principio de una pelea entre facinerosos, sino que es el fin para un Estado que está colapsado y que tiene que tomar medidas serias en cuanto a la política criminal nacional en todas sus formas.

No es cuestión tampoco de criticar solamente al Poder Ejecutivo para descargar la rabia que uno siente ante situaciones como la de San Pedro. El Gobierno, de hecho, tiene su cuota de responsabilidad, pero existe un gran actor que es el Poder Judicial, que se calla siempre, pero que acá debe dar la cara y enfrentar los hechos.

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Este último poder del Estado tiene que ponerse las pilas de una buena vez por todas y ponerse a trabajar en serio para resolver la terrible mora judicial en todos los niveles, tanto para hacer justicia en lo civil, comercial como en lo penal. Sus jueces, actuarios judiciales y administrativos tienen en sus manos un gran desafío en este nuevo tiempo de depuración de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la máxima instancia judicial de la República tienen que ponerse a la altura de las grandes necesidades del Estado, siendo una de ellas el gran déficit de justicia que existe en el país.

La impunidad es la palabra más preocupante hoy en día. Ella resume en gran medida lo que pasa en Paraguay. Delincuentes comunes, ladrones administrativos, nuevos ricos de guantes blancos y asesinos, todos, sin distinción, se amparan en esa mágica palabra: impunidad. Y acá, el Poder Judicial es el gran culpable. Tiene que poner fin a esta deficiencia y castigar a todos y cada uno, sin distinción, para poder reencauzar la tranquilidad de la República.

Sin lugar a dudas, es necesario contar con penitenciarías de máxima seguridad en puntos estratégicos y aislados para albergar a los más peligrosos delincuentes, sin embargo, la lentitud de la justicia en la solución de los procesos judiciales de los reos provoca más que nada una superpoblación en las penitenciarías.

Esa desidia tiene un enorme costo para el Estado, pues tiene que dar de comer a miles de personas y debe desembolsar mucho dinero para pagar los salarios de más guardiacárceles. Otra vez, una justicia diligente, reducirá en gran medida este ensimismamiento en los reclusorios.

No debería ocurrir, pero el MOPC de este Gobierno resolvió dejar sin efecto la construcción de cuatro nuevas cárceles cuando la administración anterior ya se tomó el trabajo de preparar todo el proceso para hacer posible una licitación en forma. Más que nunca es necesario un acuerdo político a largo plazo para que sucesivos gobiernos puedan trabajar en la adecuación y modernización de las penitenciarías de todo el país sin revanchismos sectarios.

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