• Por Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

En la agricultura familiar campesina tenemos una franja de pobreza importante a nivel país.

De acuerdo con estudios realizados por el MAG, se estima que más de 240.000 pequeños productores estarían en situación de extrema vulnerabilidad económica, concentrados en su mayor parte en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú y Caazapá, donde estarían los “mayores bolsones de pobreza” dentro de este sector.

Nadie duda de las bondades que significa darle a los pequeños productores semillas, fertilizantes y otros insumos, además de maquinarias y equipos varios para que puedan mejorar sus procesos productivos.

Pero solo eso no es suficiente si es que no va acompañado de una asistencia técnica-productiva de parte de los profesionales del MAG que estén en las fincas de estos productores, mostrándoles de cerca y en términos sencillos y accesibles cómo podrán lograr una mayor diversificación en sus líneas de cultivos, cómo se encuentra el nivel de fertilidad de sus suelos, cómo poder incrementar mucho más los rindes promedios por hectárea, cómo hacer para que puedan aglutinarse en pequeñas cooperativas o asociaciones de producción para poder llegar ellos mismos hasta los grandes centros de consumo y obtener precios de venta remunerativos que realmente se justifiquen buscando en lo posible la eliminación gradual pero sostenida de la intermediación.

Es a todo esto lo que con mucha coordinación y verdadero profesionalismo se debe apuntar.

La activa participación del MAG es crucial para que se pueda lograr el objetivo y las metas que sean consistentes y sustentables en el tiempo, cual es que tengan ingresos lineales durante todo el año y no concentrado solo en 2 o 3 meses y el resto “se pasan hablando solos”, sin que ni tan siquiera muchos de ellos puedan tener acceso al sistema financiero formal quedando relegados de la inclusión financiera.

Si esos aproximadamente 240.000 pequeños productores se multiplican por 4, tendremos un promedio no menor a 960.000 personas en el campo que podrían ver reflotada su actual posición económica-financiera-patrimonial.

Los técnicos “deben vivir” cerca de estos productores. Será la única forma en que puedan superar su estado de pobreza, diversificar sus rubros de producción y generar así la fuente de repago que precisan para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras (pago de capital e intereses devengados).

Cuantas cientos de “empresas” y actividades de diverso orden tenemos a nivel país que operan en la informalidad y mueven anualmente no menos de 11.000 millones de dólares sin pagar los impuestos que le corresponden al fisco.

Habrá que ver la forma de arbitrar todas las medidas que fueren necesarias a fin de que inspectores designados al efecto puedan identificarlos físicamente y llegar hasta los mismos y hacer todo lo que corresponda en derecho a fin de que puedan salir de la informalidad y volverse formales.

Quien más que menos tendrá funcionarios a su cargo y casi con seguridad todos ellos ni tan siquiera el salario mínimo legal estarían percibiendo y mucho menos el beneficio de la tenencia de un seguro social de salud.

El Dr. Felipe Larraín lo ha señalado con muy buen criterio. Aquí en Paraguay lo que primero que se debería hacer es ensanchar la base tributaria actual.

¿Y cómo? Justamente haciendo que estos que históricamente viven día a día evadiendo al fisco paguen sus impuestos como “cualquiera de los demás mortales”.

Al formalizarse estas empresas, darle apoyo técnico, logístico y crediticio para que puedan desarrollarse y crecer cuali/cuantitativamente, paralelamente tendrán la posibilidad potencial de ir revirtiendo su actual estado de vulnerabilidad económica, lo cual muy bien podría tener un efecto multiplicador positivo dentro de nuestra micro y macroeconomía.