• Por Ricardo Rivas (*)

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía decidieron en las últimas horas "no" reconocer "la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente", se informó oficialmente.

Asimismo, esos países acordaron "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y, como consecuencia de ello, anunciaron que "llamarán a consultas a sus embajadores en Caracas" al tiempo que habrán de "convocar" a los diplomáticos venezolanos en esos países "para expresar nuestra protesta".

La declaración del Grupo de Lima, además, reitera la "preocupación" de los países mencionados "por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones".

Sin dudas que la actitud de este conjunto de países es una respuesta fuerte y condenatoria del proceso electoral venezolano y las imperfecciones que se verificaron en su desarrollo pero, más allá de ello, la expresión de "preocupación" ante la "crisis humanitaria" y la "migración masiva", pese a estar enmarcada en una estrategia de prudencia tan necesaria como recomendable en situaciones tan delicadas, permite imaginar una esperanza en el corto plazo para esos grupos sociales altamente vulnerables que huyen en procura de mínimas condiciones que mejoren la supervivencia.

La comunicación revela además que se busca "definir los lineamientos para una respuesta integral" a la emergencia y, para comenzar a encaminar la que será una megaoperación multilateral ante la crisis humanitaria, decidieron reunirse nuevamente en Perú, para ello, durante la primera quincena de junio.

La Declaración del Grupo de Lima –que fue emitida en forma simultánea por la totalidad de las cancillerías involucradas– permite con claridad ratificar que las elecciones presidenciales en Venezuela no modificaron nada en ese relevante país sudamericano.

Las prácticas electorales –en no pocas oportunidades– son nada más que ejercicios de ingeniería política o, más exactamente, una sumatoria de movimientos tácticos para conservar el poder quienes ya se encuentran en él o consolidarlo.

La práctica política, con estas características, una vez más, no fue útil para cambiar la realidad. La actual o la que muchos años atrás puso fin a la gestión de partidos políticos que la degradaron hasta perder la confianza de la ciudadanía.

Seguramente por esa razón, hasta el papa Francisco, marcadamente prudente en el pasado cercano respecto de la situación en la República Bolivariana, mientras un sector de la población venezolana votaba, al momento de finalizar el Regina Coeli, en Roma, frente a una multitud, dedicó un "recuerdo especial" para su "querida Venezuela" y, en ese contexto elevó públicamente una oración cargada de significado.

Según ACiPrensa, el Pontífice dijo: "Pido que el Espíritu Santo dé a todo el pueblo venezolano: gobernantes, gente y sabiduría para encontrar el camino de paz y de unidad".

Los desafortunados comicios en el país que comanda Nicolás Maduro sin dudas aceleraron los tiempos regionales pese a que aún dos de los países que limitan con Venezuela –Colombia y Brasil– tendrán elecciones presidenciales, los próximos días 27 de mayo y 7 de octubre, respectivamente.

Será relevante, por cierto, saber quiénes habrán de suceder al presidente colombiano Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016; y al mandatario brasileño Michel Temer, marcadamente devaluado en su popularidad como consecuencia de la profunda crisis institucional que se verifica en ese país con un significativo grupo de políticos de todo color ideológico y encumbrados empresarios presos por acciones de corrupción estructural de larga data.

Sin dudas pesó también en la toma de decisiones del Grupo de Lima la palabra de Dominik Stillhart, director de operaciones de la Cruz Roja Internacional (CICR, por sus siglas en inglés), quien señaló en Washington que "lo que vemos en Venezuela es una situación socioeconómica muy difícil. Vemos gente dejando atrás Venezuela, especialmente hacia Colombia, pero también hacia algunas islas del Caribe, aumentando la presión en algunas de estas situaciones ya frágiles".

Coincidentemente, el experto Moisés Rendon, que hace foco sobre la crítica situación señalada desde Boa Vista, en el Norte brasileño, sostiene que "la crisis humanitaria provocada por el hombre en Venezuela sigue haciendo metástasis, lo que obligó a cientos de miles de familias a huir a los países vecinos".

Agrega que "mientras Colombia está soportando el peso del éxodo masivo de venezolanos, Brasil también enfrenta una afluencia sin precedentes" porque "más de 40.000 refugiados, incluidos los pueblos indígenas, han cruzado la frontera desde principios del 2017", de los cuales "la mayoría (…) permanece en Roraima, el estado más pobre y aislado de Brasil".

Precisa luego –en un reporte que publica el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), producido en, de y desde Boa Vista, capital de ese estado– que "las historias de los que huyen de Venezuela a Brasil son variadas, pero todas comparten los mismos factores, incluido el hambre y la escasez general de incluso las medicinas más básicas".

Un panorama similar, por cierto, se recoge en las fronteras venezolanas con Colombia aunque ese tipo de historias de vida son posibles de relevar entre quienes desde Venezuela –y por las mismas causas– se desplazan hasta Panamá, Argentina, Surinam, Paraguay, Estados Unidos, España, Perú, Uruguay, Barbuda y muchos otros países en procura de una mejor calidad de vida o, por lo menos, supervivencia.

Los organismos multilaterales del Sistema de Naciones Unidas, tales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), refuerzan desde muchos meses las acciones en favor de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema como las mencionadas y, para ello, monitorean en forma permanente los movimientos de los obligados migrantes.

En un reporte de la OIM que se publicó el pasado 15 de mayo, se asegura que "en Perú, hay más de 200.000 ciudadanos venezolanos", precisa que en la frontera ecuatoriano-peruana se "observa un promedio de 1.000 cruces por día", consigna que "el gobierno de Chile informa que a partir del 3 de mayo, 14.000 ciudadanos venezolanos han sido registrados como parte del Proceso Extraordinario de Regularización del 2018, iniciado el 23 de abril" y que, "el gobierno de Colombia emitió un llamado de cooperación para recaudar fondos adicionales".

En ese contexto, el informe revela también que "la Organización Mundial de la Salud informó que en Venezuela, se informaron un total de 1.631 casos de sarampión confirmados" y, aunque sin mencionarlo taxativamente, señala que "en Brasil, de los 81 casos de sarampión en Roraima, 55 son venezolanos (68%)".

A modo de ejemplo, vale señalar que la OMS, en su informe sobre el paludismo emitido en noviembre del 2017, además de reconocer que en el nivel global "los avances (contra esa enfermedad) se están estancando", revela que esa agencia de las Naciones Unidas "está prestando apoyo a la lucha contra el paludismo en Nigeria, Sudán del Sur, la República Bolivariana de Venezuela y el Yemen, donde las crisis humanitarias en curso plantean graves riesgos para la salud".

Todo parece indicar que los jefes de Estado regionales decidieron ver y oír. La inacción resultaba incompresible. Las demoras, imperdonables. Especialmente para aquellos que padecen la situación sumergidos en la desesperanza.

Tal vez por ello, el papa Francisco, el domingo último, cuando una minoría votaba en Venezuela y una mayoría permanecía en sus viviendas, desde la ventana de su departamento privado en el Vaticano, a los 9 minutos de expresarse frente a miles de fieles, imploró por "soluciones justas, eficaces y pacíficas ante la grave crisis humanitaria, política, económica y social" que allí se desarrolla y profundiza desde muchos años.

La declaración no cambia nada en lo inmediato en el frente interno venezolano ni en los improvisados asentamientos de desplazados, pero enciende una luz de esperanza. De ilusión. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, hacinados en campamentos sólo rodeados por soldados, explotadores, traficantes y enfermedades de las que les será difícil cuando no imposible recuperarse, esperan respuestas de sus líderes que, hasta ahora, aparecen también como víctimas de una crisis humanitaria que parecen no saber, no poder o no querer abordar con decisión.

(*) Periodista. Vicepresidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales (UNAC). Miembro del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).