En el 2016, cuando surgieron informes de estudiantes extranjeros sin ingresos conocidos que compraban casas que valían millones de dólares en Vancouver, la población local expuso que se trataba de una nueva evidencia de que los extranjeros inflaban los precios en el mercado inmobiliario más costoso de Canadá.

También resultaba evidencia de un problema interno. Los estudiantes eran prestanombres de compañías anónimas cuyos propietarios no pueden ser identificados, porque la información no es legalmente requerida por el registro catastral.

Las autoridades canadienses están preocupadas por los abusos que permite esta opacidad. El mercado inmobiliario podría estar atrayendo criminales extranjeros y funcionarios corruptos que buscan lavar dinero, señaló el fiscal general, David Eby, de la Columbia Británica.

Otros países han tomado medidas para asegurarse de que la propiedad anónima de las empresas no ayude a los delincuentes. En el 2014, los líderes del G20 acordaron transparentar la propiedad última de las entidades legales. El Reino Unido, por ejemplo, estableció una base de datos pública de los propietarios efectivos de todas las empresas, sociedades de responsabilidad limitada y Societas Europaea, compañías basadas y reguladas en la Unión Europea (UE) en su conjunto. En determinado momento todos los estados de la UE tendrán que hacer lo mismo, bajo una directiva contra el lavado de dinero del 2015.

Sin una palmera a la vista y con una reputación de ser un país aburridamente bien administrado, Canadá es un refugio improbable para ladrones y evasores de impuestos. Sin embargo, durante mucho tiempo ha tenido la fama de ser un lugar donde se lava el dinero con nieve. En el 2009, la policía nacional estimó que en el país se lavaban unos 12 mil millones de dólares estadounidenses al año, de un total estimado de dos billones de dólares lavados anualmente en todo el mundo.

Uno de los atractivos es la facilidad para establecer una empresa: se requieren controles de identidad más estrictos para obtener una tarjeta de biblioteca que para formar una compañía privada, como señaló en diciembre Jon Allen, de Transparencia Internacional Canadá, ante un comité parlamentario.

No toda la propiedad corporativa es opaca. Las empresas que cotizan en la bolsa están sujetas a leyes que requieren la divulgación de accionistas importantes. El problema radica en las empresas que no cotizan en un mercado de valores. Una ley contra el lavado de dinero aprobada en el 2000 ordena a los bancos, los operadores de bolsa, las compañías de seguros de vida y otras entidades financieras que hagan "esfuerzos razonables" para identificar a los propietarios de las empresas con las que hacen negocios. Puesto que se les asigna esa carga, hacen todo lo posible para recopilar información sobre todas sus contrapartes, pero el esfuerzo no es suficiente.

Un reporte sobre Canadá realizado en el 2016 por el Financial Action Task Force, un organismo intergubernamental creado en 1989 para combatir el lavado de dinero, concluyó que solo una fracción de los 2,5 millones de entidades legales del país "tenían controles adecuados con respecto a la propiedad efectiva". También catalogó una amplia gama de formas en que las compañías ficticias canadienses estaban siendo utilizadas para comprar activos, incluidos inmuebles, o para mover dinero dentro y fuera del país "con el fin de encubrir y legitimar inexplicables fuentes de ingresos".

Las autoridades políticas y legales reconocen cada vez más la necesidad de un cambio, pero el progreso ha sido glacial. Cuando los ministros de Finanzas del gobierno federal y las 10 provincias y tres territorios se reunieron para discutir el tema, en diciembre, no fueron más allá de acordar exhortar a las compañías para que mantengan un registro de sus últimos propietarios listo para proporcionarlo a las autoridades en caso de que lo soliciten.

Parte del problema es que la jurisdicción se divide entre los gobiernos nacionales y los subnacionales, con solo una décima parte de las empresas incorporadas a nivel nacional. Cualquier acuerdo para cambiar las reglas tiene que conciliar las diferencias en cómo definen las distintas provincias la propiedad efectiva y cómo recopilan dicha información.

La legislación vigente en Canadá sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo también contiene un gran vacío: los abogados no están incluidos porque argumentaron exitosamente ante los tribunales que entregar dicha información violaría el privilegio entre letrado y cliente. Un abogado de Ontario se jactó ante un agente secreto de la policía de que esa victoria significaba que era 20 veces más seguro para sus colegas lavar dinero en Canadá que en Estados Unidos, lo que no es un tipo de contraste que le agrade al Gran Norte Blanco.