Desde que ganó la presidencia de Perú por un margen mínimo en junio del 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha enfrentado un problema tras otro. Su partido de centro-derecha, Peruanos Por el Kambio, solo ocupa 18 de los 130 escaños del congreso de una sola cámara. En cambio, el partido Fuerza Popular que encabeza su opositora derrotada, Keiko Fujimori, ocupa 71. Gracias a esta mayoría, el partido opositor ha censurado a los ministros del presidente y frustrado sus planes legislativos, como el de reformar el corrupto e ineficiente sistema judicial de Perú. Además, ha estado al acecho de la primera oportunidad para atacar al propio Kuczynski.

Esa oportunidad se presentó el 13 de diciembre, cuando salió a la luz evidencia de que se efectuaron algunos pagos por 780.000 dólares entre el 2004 y el 2007 a Westfield Capital, una empresa registrada en Florida que Kuczynski fundó en la década de 1990. La enorme constructora brasileña Odebrecht, la misma empresa que obtuvo varios contratos públicos en distintos países de América Latina mediante sobornos, efectuó esos pagos.

El presidente negó en varias ocasiones tener vínculos con Odebrecht, incluso durante su testimonio ante un comité del congreso. Con base en esas negaciones, el 15 de diciembre el congreso votó 93 votos a favor y 17 en contra de presentar una moción para declarar la vacancia presidencial. Según se decía en la moción, Kuczynski "faltó a la verdad" en repetidas ocasiones en sus declaraciones a los peruanos, lo cual demuestra su incapacidad moral permanente para ocupar la presidencia.

El caso pareció haber quedado resuelto el 21 de diciembre, cuando los opositores del presidente no lograron alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para destituirlo. Sin embargo, el 24 de diciembre Kuczynski concedió un indulto al padre de Fujimori, el ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos durante su mandato entre 1990 y el 2000. Aunque el presidente afirma que el indulto se otorgó debido a la deteriorada salud de su predecesor, muchos opinan que más bien es el acuerdo al que llegó Kuczynski con la oposición a cambio de evitar su destitución. A pesar de que logró sobrevivir esta crisis, cada vez parece menos probable que concluya su mandato, previsto hasta el 2021.

Kuczynski no sería la primera víctima del escándalo Odebrecht en las altas esferas de la política. Uno de sus predecesores, el presidente Ollanta Humala, se encuentra encarcelado a causa de ese escándalo. En Perú, un juez solicitó la extradición de otro de sus predecesores, el presidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos. Recientemente, se sentenció al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas a seis años de prisión por cargos de corrupción. En Brasil es difícil nombrar a un político destacado que no se haya visto envuelto en el escándalo.

La diferencia es que nadie ha acusado a Kuczynski de recibir sobornos. Fuerza Popular, el partido que le dio 24 horas para renunciar al cargo si quería evitar el espectáculo de la destitución, lo acusó de faltar a la verdad y haber tenido un conflicto de intereses debido a su cargo como ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Toledo, y como primer ministro cuando se efectuaron los pagos a Westfield.

El presidente señala que cuando desempeñó funciones durante el gobierno de Toledo, la dirección de Westfield Capital estaba a cargo del empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Odebrecht confirmó que los servicios de consultoría de Westfield fueron legítimos, que Sepúlveda fue el responsable de las facturas emitidas por ese concepto, no Kuczynski, y que el chileno fue quien recibió el pago. Sin embargo, el 17 de diciembre el presidente admitió ante algunos periodistas que había recibido el pago de dividendos de Westfield. Sus opositores tomaron esta declaración como prueba de que no había declarado que existía un conflicto de intereses.

Fuerza Popular tampoco es ajeno al escándalo. El nombre de la candidata Fujimori apareció en el rastro de documentos de Odebrecht, aunque ha negado que se refiera a ella, o que haya recibido sobornos. Kuczynski también argumenta, con cierta justificación, que la oposición intentó concretar una "destitución exprés", lo cual constituye un "asalto al orden democrático".

Si una nueva moción lograra su objetivo, el primer vicepresidente Martín Vizcarra remplazaría a Kuczynski. Si también cayera Vizcarra (recordemos que en mayo debió renunciar a su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones a causa de un contrato de construcción de un aeropuerto), la siguiente en línea sería la primera ministra Mercedes Aráoz. De no aceptar el cargo o ser destituida, el cargo pasaría al presidente del congreso, quien estaría obligado a convocar a elecciones de inmediato.

¿Quién podría ganar esas elecciones? Keiko Fujimori.