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Casi tres años y medio después de que se inició como una averiguación sobre lavado de dinero al parecer de rutina en Brasil, la Operación Lava Jato ("Lavadero de autos") ha alcanzado una etapa crítica.

El 12 de julio, Sérgio Moro, un juez federal, sentenció al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a casi 10 años de prisión, dictaminando que había recibido un departamento con valor de 690.000 dólares de una compañía constructora a la que se habían concedido contratos inflados para obras en una refinería de petróleo. Esta semana, el Congreso empezó a debatir si permitir que se enjuicie al actual presidente Michel Temer, quien está acusado de beneficiarse de un soborno de 150.000 dólares, lo cual él niega.

Con el círculo político mortalmente amenazado, los llamados a que las investigaciones sobre corrupción sean refrenadas se han acumulado. Los abogados de Lula dicen que él es la víctima inocente de "una investigación con motivación política". Permanecerá en libertad mientras apela, pero la sentencia le dificulta postularse para la presidencia de nuevo en el 2018. También intensificará los debates en cuando a si la Operación Lava Jato es un atrasado llamado a cuentas de los poderosos, o simplemente una cacería de brujas.

Se ha extendido mucho más allá del cartel de compañías constructoras que obtuvieron generosos contratos indebidos de Petrobras, la compañía petrolera estatal, sobornando a funcionarios y políticos. Un reciente centro de atención fue JBS, la compañía cárnica más grande del mundo, cuyos directivos, Joesley y Wesley Batista, admitieron haber pagado sobornos por un total de 185 millones de dólares a cientos de políticos. Fue Joesley Batista quien implicó a Temer al grabar en secreto una reunión en la cual invitó al presidente al desliz. Uno de sus gerentes entregó dinero en efectivo a un asociado de Temer, dijo la fuente del cargo de soborno.

En total, 157 personas han sido condenadas hasta ahora. La Suprema Corte ha autorizado a los fiscales a investigar a veintenas de miembros del Congreso. Para llegar hasta aquí, sin embargo, los fiscales han dependido de técnicas que son novedosas en Brasil. Al usar la "detención preventiva" y los acuerdos a cambio de declaraciones de culpabilidad, han sacado confesiones y evidencia que ha conducido a cargos contra algunos de los empresarios y políticos más prominentes del país.

Sus críticos ven en todo esto una especia de jacobinismo en el cual se pierde la presunción de inocencia y el objetivo no es tanto aplicar la ley como realizar una cruzada para que Brasil se deshaga de su clase política. También argumentan que las investigaciones interminables de la Operación Lava Jato están privando al país de la estabilidad política que necesita desesperadamente.

Tienen un punto a favor: el procurador general Rodrigo Janot ha sido ampliamente criticado por el acuerdo a cambio de una declaración de culpabilidad a que llegó con los Batista, el cual violó la buena práctica al concederles inmunidad contra la acusación, en vez de sentencias reducidas. La policía aún no ha podido corroborar muchas de las acusaciones contra los políticos hechas en acuerdos a cambio de declaraciones de culpabilidad por parte de gerentes de Odebrecht, una compañía constructora.

La filtración selectiva de las acusaciones destruye reputaciones aun cuando la inocencia sea confirmada posteriormente, y quienes recibieron donaciones de campaña no declaradas –un delito, según la norma– son agrupados en la mente del público con aquellos que recibieron enormes sobornos.

Dicho todo esto, la Operación Lava Jato ha revelado y castigado extensos delitos. Ha puesto fin a una antigua práctica en Brasil de no castigar los delitos de cuello blanco, lo que dio como resultado que se propagaran.

Como ha escrito Deltan Dallagnol, principal fiscal en la la Operación Lava Jato, en un nuevo libro, su pequeño equipo se enfrenta a los despachos legales mejor conectados y más caros del país. Los fiscales, y Moro, han sido sometidos a estrecha supervisión judicial, incluso de parte de la Suprema Corte.

Muchas de las críticas son interesadas. Ahora es la derecha, así como el izquierdista Partido de los Trabajadores de Lula, la que se está quejando. Si Temer, de centro derecha, ha cometido en realidad algún delito, cualquier estabilidad que ofrezca es falsa o conlleva un precio inaceptable. Esa es la razón por la cual los intentos de frenar las investigaciones, si tienen éxito, serían alarmantes.

El Congreso ha debatido –pero no aprobado aún– un proyecto de ley que castigaría a los jueces y fiscales por "abusos". Este mes, la policía federal fusionó su dedicado equipo de trabajo de la Operación Lava Jato con una unidad anticorrupción más amplia, eso ha despertado temores de que la Lava Jato pudiera perder fuerza. Sin embargo, como ahora hay tantos blancos más, no es necesariamente sospechosa.

Hay otra razón para seguir adelante: si la investigación se detuviera ahora, Lula tendría razón de denunciar imparcialidad. La opinión pública sigue respaldando firmemente a la Operación Lava Jato. Esa es la razón por la cual es improbable que tengan éxito los esfuerzos para acallarla. Temer es un parlamentario hábil, pero su apoyo en el Congreso está debilitándose. Quizá no pueda reunir los 172 votos, de 513 en la Cámara Baja, que necesita para evitar ser enjuiciado.

Muchos brasileños ven la posibilidad de que surja un mejor país de las investigaciones. En eso, al menos, están verdaderamente en lo cierto.