El abogado Óscar Germán Latorre, defensor del comisario Tomás Paredes Palma, imputado por inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, tras los hechos ocurridos el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que derivó en la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, presentó recusación contra el juez de Garantías Alcides Corbeta. Aparentemente, según sostiene Latorre, el magistrado ya habría prejuzgado sobre "la suerte de Paredes Palma". Para hoy estaba prevista la audiencia de imposición de medidas del imputado, sin embargo a raíz de la recusación, la misma corre el riesgo de ser suspendida.
"Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra una resolución de Corbeta, una excepción de falta de acción para excluir a uno de los querellantes y también presentamos la recusación contra el mencionado juez. Entendemos que cuando rechazó la eximición de medidas cautelares, el juez Corbeta ya había prejuzgado. Se había expedido sobre una cuestión futura que debió ser resuelta en audiencia de imposición de medidas", mencionó ayer Latorre ante consultas de nuestro diario.
Afirmó además que el magistrado impondrá medidas cautelares para Paredes Palma y, como se trata de un crimen decretará su prisión, lo cual asegura que no tiene ningún sentido, porque la causa ya está siendo investigada desde hace diez meses y medio, y dentro de un mes y medio la Fiscalía ya deberá presentar su requerimiento conclusivo.
"Esto es realmente parte de un gran teatro que se montó y que lamentablemente tuvo una ligereza de una representante del Ministerio Público, al imputar a Paredes Palma sin tener ninguna evidencia en qué respaldarse. Nadie discute que Paredes Palma haya estado en el PLRA, el tema es: ¿está comprobado que él le haya dado una orden al oficial Guido Amarilla para que cometa el hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa? la respuesta es no", dijo.
Acotó que en los videos de circuito cerrado de la sede partidaria se muestran exactamente lo que está haciendo Paredes Palma, al tiempo de que el oficial Guido Amarilla, también imputado, realizaba los disparos a la puerta, asegurando que lo cierto y lo concreto es que a su criterio, éste último está "indebidamente imputado por tentativa de homicidio doloso, ya que no hubo ningún lesionado".
QUERELLAS ADHESIVAS
Óscar Latorre resaltó a través de un tuit, que la causa que investiga el asesinato de Rodrigo Quintana "no deja de presentar irregularidades". Menciona que actualmente la misma presenta dos querellas adhesivas promovidas separadamente por los padres y la madre de la hija de Quintana. Asegura que no pueden existir dos querellas que involucran a la misma víctima.
"Es un absurdo, no pueden coexistir dos querellantes adhesivos en un mismo hecho que se relacionen a la misma víctima. Ahí hay que ver cuál es la que tiene el mejor derecho y la mejor legitimación. Nunca vi una cosa parecida y si a eso le agregamos todo lo que está ocurriendo con el tema de J. A. Saldívar (refiriéndose a los pedidos irregulares de audios por parte de la Fiscalía), entonces lo único que puedo concluir es que no hay ninguna garantía de que el derecho de defensa de Tomás Paredes Palma vaya a ser respetado", finalizó.
ANTECEDENTES DEL CASO
Luego de la quema del Congreso Nacional ocurrido el pasado 31 de marzo del 2017 se dieron disturbios y una ola de violencia que se extendieron durante casi toda la madrugada del 1 de abril. Esa noche, turbas ingresaron en comercios y lugares asentados en el microcentro capitalino, y una de ellas atropelló e irrumpió en el interior de la sede del PLRA, confundiéndose entre operarios del mencionado partido que también estaban ahí. Agentes policiales de tres departamentos distintos llegaron hasta ese punto.
Cerca de 20 policías divididos en tres patrulleras rompieron las puertas e ingresaron violentamente con intenciones de aprehenderlos, sin embargo, uno de ellos habría realizado un disparo mortal que acabó con la vida de Rodrigo Quintana, presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA) de La Colmena. Los agentes policiales pertenecían a la Agrupación Especializada, los cascos azules, a la Comisaría Tercera y al departamento de Robos, Hurtos y de Investigación de Delitos. Se presume que el operativo debió tener una orden superior para concretar tal despliegue.
Una de las autoridades, quien estuvo durante el incidente, conforme demuestran las grabaciones, es el comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de Investigación de Delitos de la Policía. Aparentemente, el mismo se encontraba dando órdenes para proceder al arresto de responsables de la turba. Paredes Palma, de todas maneras, fue imputado por el delito de inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, cuya pena es de entre cinco y quince años de cárcel.
También es investigado el oficial inspector de la Unidad Antidisturbios, Guido Amarilla, por tentativa de homicidio doloso, con la misma expectativa de pena. El suboficial Gustavo Florentín, es otro de los imputados por el crimen de Quintana, quien se presume que fue él quien efectuó el disparo criminal.
POSTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Según documentos emitidos por la Fiscalía, habrían suficientes elementos de sospechas atribuidos a los mencionados uniformados. En tanto que Paredes Palma en su carácter de subjefe de su departamento, habría emitido la orden a sus subordinados, para verificar el interior del patio de la sede partidaria y sus respectivas habitaciones, para luego realizar la aprehensión de las personas que se hallaban en el mencionado lugar.
Esas documentaciones mencionan que en un momento dado, en razón a su jerarquía, él habría ordenado a un subordinado que rompiera el vidrio de la puerta del baño de damas ubicado en el patio; que introdujera el caño de la escopeta que portaba y que efectuara disparos de balines de goma contra las personas que se encontraban en su interior.
La Fiscalía sostuvo también que Paredes Palma, conforme a su larga experiencia policial, habría consentido la realización de los disparos por el efectivo policial habiéndose representado que esos disparos, aunque fueran de balas de goma, podrían causar lesiones que provoquen la muerte de al menos una persona, considerando la distancia, cantidad y trayectoria.
Con relación al efectivo policial de la Unidad Antidisturbios, Guido Amarilla, el Ministerio Público confirmó que el mismo realizó disparos de balines de goma con su escopeta en el interior del baño donde se encontraban varias personas, entre ellas el diputado Eusebio Alvarenga.