El político y dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), y de la Asociación de Educadores del Paraná (AEP), Silvio Piris, quien es sindicado por ocho docentes encarnacenos como el autor de supuestas estafas por valor de 300 millones de guaraníes, ya fue denunciado en varias ocasiones ante el Ministerio Público, pero llamativamente las causas no prosperaron en este ámbito.

Inclusive, a nivel de docentes de Itapúa y del funcionariado del Ministerio de Educación y Ciencias, se habla insistentemente de que Piris ya habría sido imputado por los delitos de estafa y lesión de confianza. Ante averiguaciones, en la Fiscalía alegaron falta de tiempo para corroborar esta información.

La primera denuncia contra Piris data del año 2009, por los delitos de lesión de confianza y estafa. La denunciante fue la docente María Bogado, quien ya había sido demandada por la Asociación de Educadores del Paraná por la suma de G. 11 millones, pero la deuda no pudo ser comprobada. Después, la mujer se enteró que había un préstamo a nombre de socios por un total de G. 1.310 millones, que ellos no habían adquirido. Fue entonces que decidió acudir a la Región IV de Itapúa, en donde la fiscal Libia Centurión fue la encargada de la causa.

Al enterarse de lo sucedido, Piris habría presentado una nueva demanda contra Bogado para cobrar una deuda de G. 20 millones, cuyas cuotas estaban siendo abonadas, pero él reclamó nuevamente la totalidad. Bogado se acercó y llegaron a un acuerdo. Ella se retractó de su denuncia en la Fiscalía a cambio de un finiquito tras cancelar la deuda.

Ella cumplió con su palabra, pero Piris no. Entregó el finiquito de los G. 20 millones, pero en el año 2014 la mujer recibió nuevamente una notificación en la que le informaban de una nueva demanda de G. 26.600.000. La deuda no existía, pero el sindicalista aparentemente rellenó un pagaré en blanco que la docente firmó a la Aso, como respaldo para la adquisición de un crédito años atrás.

La segunda denuncia fue presentada una vez más en la unidad de la fiscal Libia Centurión. El denunciante fue el docente Luis Alberto Capurro y fue nuevamente por supuesta estafa. Capurro se percató de la existencia de un crédito a su nombre por valor de G. 5.500.000 a un sólo pago, en una entidad bancaria con la que opera la Asociación.

Él fue hasta el banco a solicitar informe, y se encontró con la sorpresa de que el mismo ya estaba vencido y fue solicitado a través de la Aso. Aparentemente, Piris había encontrado uno de los pagarés de Capurro que no fue retirado aún, lo endosó y pidió el préstamo. "No entiendo cómo un banco pudo haber entregado cinco millones a un sólo pago, si en ese entonces yo apenas ganaba dos millones de guaraníes", exclamó la víctima. No hay más detalles de como siguió esta causa.

Nos comunicamos con la fiscal encargada de ambos casos y la misma argumentó que aparentemente uno de los casos se había desestimado, pero no estaba segura de cuál de ellos ni del por qué. Además, dijo que por el momento será imposible dar informes ya que los funcionarios fiscales están de huelga y ella "no se pondrá a buscar una a una las carpetas".

Otra de las denuncias fue presentada por Cecilia Figueredo en el año 2010, y fueron imputados por por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, Silvio Piris, el administrador de la Aso, Héctor Ubaldo y Guido Mercado, miembro directivo.

A la par, se presentó una querella en la que se demostró la culpabilidad de estas personas. Finalmente abonaron G. 11 millones para reparar el daño causado a Figueredo. Nos comunicamos con el fiscal Gerardo Mosqueira, pero nos atendió la esposa y dijo que el mismo estaba de vacaciones.

Rufina Ocampo es otra de las supuestas estafadas que denunció el hecho en la unidad 4 del fiscal Victor Florentín. La denuncia fue por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, abuso de documentos de identidad y estafa.

La causa, de nuevo, quedó archivada el año pasado (2016), ya que supuestamente la denunciante no presentó ningún documento a fin de realizar las pericias caligráficas. Sin embargo, Ocampo manifestó no haber recibido ninguna notificación de la mencionada unidad.