Brasilia, Brasil. AFP.
El gobierno brasileño indicó este martes que el modelo de privatización de Eletrobras aún no fue definido y que excluirá inicialmente a las termonucleares y a la central hidroeléctrica de Itaipú, aunque el anuncio formulado la víspera provocó euforia en los mercados.
El proceso, que según estimaciones podría reportar al necesitado Estado brasileño unos 20.000 millones de reales (6.300 millones de dólares) se empezará a discutir en detalle el miércoles, señaló el ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, en una rueda de prensa en Brasilia. "Vamos a someter mañana al Programa de Asociación de Inversiones (PPI) la desestatización de Eletrobras", afirmó.
Pese a que el proceso difícilmente podrá concluir durante el mandato del presidente Michel Temer, a fines del 2018, los inversores lo recibieron con euforia. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo cerró ayer superando los 70.000 puntos por primera vez desde enero del 2011, impulsado por las espectaculares alzas de Eletrobras un día después que el Ejecutivo brasileño anunciara su intención de privatizarla.
Las acciones ordinarias de la estatal se dispararon 48,87%, seguidas de las preferenciales que avanzaron 32,59%, en las dos mayores alzas del Ibovespa, que cerró a 70.011 puntos (+2,01%). La valorización de las acciones de Eletrobras aumentó en 9.000 millones de reales (unos US$ 2.800 millones al cambio actual) el valor de mercado de la estatal y movió más de 200 millones de reales, dijo el diario económico Valor.
Según un comunicado del Ministerio de Minas y Energía (MME) publicado el lunes por la noche, la privatización "traerá más competitividad y agilidad a la empresa para gestionar sus operaciones, sin las ataduras impuestas a las estatales". "Hay una percepción en el gobierno de que [la empresa] no tiene la velocidad necesaria ni los recursos suficientes para poder hacer frente a los pasivos que se generan", subrayó el martes Coelho Filho.
El gobierno podría optar por vender el control total de Eletrobras o abrir su capital para pulverizar la participación accionaria del Estado, pero conservará el derecho a vetar decisiones contrarias a sus intereses mediante una "golden share", según explicó la asesoría del ministerio a la AFP.
En simultáneo, la desestatización incluiría una propuesta para cambiar el modelo tarifario que rige sobre muchas usinas del enorme parque de generación de energía de Brasil, equiparable a un subsidio.