El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó ayer miércoles en Washington una cita de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación en Venezuela, un paso que Caracas ha advertido forzará su retiro de la institución continental.

Luego de casi un año de deliberaciones y cuatro sesiones en el último mes sobre el caso Venezuela, una mayoría de 19 países aprobó elevar el debate al nivel de ministros de Relaciones Exteriores.

Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay votaron a favor.

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Diez países, incluyendo a Venezuela, Ecuador Bolivia y Nicaragua votaron en contra, cuatro se abstuvieron y otro, Grenada, estuvo ausente.

La canciller argentina, Susana Malcorra, resumió los argumentos a favor de la cita de cancilleres, señalando que es "nuestra responsabilidad colectiva de garantizar el funcionamiento de las instituciones". "Esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela", apuntó.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, había advertido el martes de que si la OEA convocaba la cita de cancilleres, ese país iniciaría los trámites para retirarse de la organización continental.

En Caracas los agentes antimotines dispersaron ayer la marcha opositora realizada en la capital. Agentes antimotines impidieron con bombas lacrimógenas avanzar hacia el centro de Caracas a miles de opositores que marchaban para exigir elecciones generales en Venezuela.

Las autoridades informaron que dos jóvenes murieron en las ciudades de Caracas y Valencia tras ser heridos durante manifestaciones, elevando a 28 la cifra de los fallecidos en la ola de protestas de la oposición venezolana.

Batalla campal en las calles

En la estratégica autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas, ayer, con el rostro cubierto con pañuelos y capuchas, incluso con máscaras antigás, un grupo de jóvenes respondió a las fuerzas de seguridad con piedras y otros objetos.

La militarizada Guardia Nacional, que acudió en refuerzo de la policía, tiraba también perdigones y, desde camiones antimotines, chorros de agua y una lluvia de gases. Las protestas estallaron hace un mes luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se adjudicara a fines de marzo las funciones del Parlamento, aunque luego dio marcha atrás.

Amnistía Internacional pidió al gobierno "detener" la "persecución" y "detenciones arbitrarias" contra opositores. Más de un 70% de venezolanos reprueba la gestión de Maduro, cansados de la escasez de alimentos y medicinas, y la alta inflación.

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