• POR ANDREW CALL, SIMI KEDIA Y SHIVARAM RAJGOPAL

Los delatores pueden jugar un gran rol para descubrir malas conductas financieras. Por ejemplo, Sherron Watkins, que trabajaba en Enron, y Cynthia Cooper, que trabajaba en WorldCom, ayudaron a sacar a la luz fraudes masivos dentro de sus organizaciones, que le costaron miles de millones de dólares a los inversionistas.

Los empleados suelen estar en una posición donde pueden descubrir y exponer las malversaciones. Quizá por ello el Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, del 2010, alienta la denuncia de irregularidades. La ley promete proteger de venganzas a los delatores y ofrece recompensas monetarias a quienes informen. Desde que el programa se estableció, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos ha entregado más de US$ 111 millones de dólares en recompensa a 34 delatores.

Sin embargo, las firmas podrían contrarrestar esos incentivos al hacer que sea benéfico para los empleados el quedarse callados. En un estudio reciente, examinamos si las firmas usan incentivos financieros para desalentar las denuncias. Nos enfocamos en el otorgamiento de paquetes accionarios a empleados ordinarios, ya que esta información está disponible. Debido a que el valor de las participaciones accionarias está vinculado con el valor de las acciones de la firma, y a que las acusaciones de malos manejos resultan en un declive inmediato del precio de las acciones, los empleados perderían financieramente cuando denuncian. Adicionalmente, las opciones accionarias para los empleados típicamente tienen términos que los obligan a esperar algunos años antes de ejercerlas, lo que pudiera actuar como un desincentivo para denunciar antes de que puedan utilizarlas.

Usando una base de datos de la Stanford Law School, identificamos una muestra de 663 firmas a quienes se acusó de haber publicado información financiera incorrecta y fueron sujetas a juicios por demanda colectiva de sus accionistas en las cortes federales de los Estados Unidos, de 1996 al 2011. Examinamos el número de opciones accionarias otorgadas a empleados ordinarios durante el periodo de la presunta irregularidad y encontramos que estas compañías otorgaron más paquetes accionarios durante ese período, en comparación con las de una muestra comparativa de 663 empresas similares que no estaban siendo investigadas. Las firmas que estaban mal informando otorgaron 14 por ciento más paquetes accionarios, pero el número de opciones accionarias se redujo en un 32 por ciento después de que aparentemente cesaron la irregularidad. Ello sugiere que de forma estratégica estas empresas otorgaron opciones accionarias adicionales durante el periodo de sus presuntas irregularidades.

También descubrimos que esos esfuerzos son efectivos. Las firmas que estaban dando mala información financiera y otorgaron más opciones accionarias tenían menos probabilidades de ser denunciadas por un delator. Aproximadamente un 10 por ciento de las empresas en nuestra muestra tuvieron una acusación interna. Las firmas donde no hubo un delator interno otorgaron 78 por ciento más de opciones accionarias que las demás.

(Andrew Call es profesor asociado de contabilidad en la WP Carey School of Business de la Arizona State University. Simi Kedia es profesor de finanzas y economía en la Rutgers Business School. Shivaram Rajgopal es profesor de contabilidad de auditoría en la Columbia Business School).