Después de varios días de paro que ha causado perjuicios enormes a la pro­ducción agroganadera y al comer­cio de mercaderías, los denomina­dos camioneros levantaron la medida de fuerza el martes a la noche luego de conseguir un aumento del 10% en el flete del transporte. Ini­ciaron la medida de fuerza con el pretexto de impedir el ingreso de los camiones con doble acoplado, que irían a traer cargas del Brasil al Puerto de Concepción que nunca antes habían ingresado al país y terminaron pidiendo lo que realmente querían, el aumento del flete del transporte.

Es necesario hacer una precisión semántica para analizar el tema. Todo el mundo hablaba de camioneros, con lo que se entendía que la medida de fuerza era de los choferes, cuando que el paro era de los dueños de camiones de carga, las empresas transportadoras que tienen un considerable capital en el valor de sus máquinas. Pero los que estaban al mando de los camiones que seguían en las calles y al borde de las rutas eran los conductores de estas empresas, muchos de los cuales no reciben ni los beneficios del IPS por el incumplimiento y estafa de la patronal.

Para iniciar el paro, los dueños de los camiones de carga de un sector de los transportistas del país pretextaron que el ingreso de los camiones bitrenes desde el Brasil sería una competencia desleal. Usaron una mentira para escudar su pro­testa, porque el 50% de la carga que viniera del vecino país podrían transportarlo también los camiones paraguayos, según un acuerdo privado. Es más, la venida de los granos del estado de Mato Grosso del Sur para el Puerto de Concep­ción era una nueva oportunidad de negocios para los transportistas pues es un cargamento que antes no existía para los paraguayos. Tampoco les importó saber que ese un millón de toneladas de granos que vendría del Brasil revitalizaría el puerto norteño que hace años está parado y daría trabajo a muchos paraguayos. Y menos que ese cargamento se embarcaría en barcazas de ban­dera nacional, que también ayudaría al sector del transporte fluvial de nuestro país.

Como la mentira tiene patas cortas, apenas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones derogó la resolución para el ingreso al país de los camiones brasileños, se vio que el propósito final era otro. Los dueños de camiones no levantaron el paro con la disposición del MOPC que habían pedido y continuaron la perjudicial medida en rutas y calles: Es que en realidad querían un aumento en los fletes del transporte y usaron otro pretexto.

Mientras tanto, con su actitud violenta, los due­ños de camiones causaron perjuicios a gente tra­bajadora. Primero, impidieron el libre tránsito de camiones que transportaban productos lác­teos y el transporte de la soja que se está cose­chando en diversos puntos del país. Segundo, muchos de los vándalos que hacían el paro ata­caron los camiones que andaban por las rutas y rompieron los parabrisas de los mismos para impedirles trabajar. Ahí se desenmascaró la otra mentira: no son pacíficos ciudadanos que piden algo legítimo, sino vulgares patoteros que se aprovechan de la situación para dañar los derechos del libre desplazamiento de la gente y los vehículos de personas que no piensan como ellos.

El quebranto económico producido por el paro de los dueños de camiones todavía no se ha podido contabilizar con precisión. La gente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) habla de 100 millones de dólares por día, mientras que en los supermercados calculan que no afectará solo a lácteos, sino que también a la provisión de harina, frutas y verduras. El más golpeado parece ser el sector de la leche, ya que el presi­dente de la cámara de industrias lácteas dijo que los piquetes que más afectaron son los del este y sur del país, donde a varios camiones transpor­tadores de lácteos les rompieron el parabrisas y tuvieron que parar por la inseguridad.

Es una pena que los extorsionadores consigan su objetivo, porque ya se está haciendo costum­bre echar mano al vandalismo, al desprecio al derecho de los demás para que cualquier gremio obtenga su propósito. Los violentos tienen que ser castigados y sus actos repudiados claramente, porque la ciudadanía merece vivir en paz y en libertad para trabajar y procurar su desarrollo.