Se acaba de cumplir una semana más del inicio de las medidas de fuerza de algunas organizaciones campesinas que vinieron a la capital a tomar una plaza y a impedir el libre tránsito de algunas calles de Asunción para llamar la atención sobre sus pedidos.
Como es ya habitual en algunas agrupaciones del sector, entre otras cosas, piden no el refinanciamiento o medidas que ayuden a alivianar su pasivo, sino simple y llanamente la condonación de sus deudas. Es decir, que se les perdonen los débitos que tienen tanto con bancos o entidades oficiales como con instituciones privadas, sin importar las consecuencias de ello ni quién deberá finalmente cargar con sus cuentas. Una postura sumamente cómoda y en extremo indicadora de inconsciencia o de espíritu estafador, en el peor de los casos. Pues a nadie en su sano juicio se le ocurre contraer deudas para que finalmente otros las paguen con el pretexto que fuere.
Los campesinos de cualquier signo y origen tienen todo el derecho de protestar, hacer manifestaciones y expresar sus posturas, como cualquier sector de la ciudadanía, ya que estamos en un país libre en que se respetan los derechos de la gente. Pero esos derechos tienen límites establecidos por las leyes y están sometidos a la lógica y el buen sentido de las cosas. Nadie debería impedir el libre tránsito de otros ciudadanos, que tienen también sus derechos, bajo ningún pretexto, a menos que uno esté fuera de la ley, como ocurriría con los salteadores de caminos u otros delincuentes de la misma índole.
Estos campesinos, no todos y ni siquiera la mayoría, se empeñan en cortar el paso en las calles de la ciudad y coartar la libertad de miles de ciudadanos en aras de su mal entendido derecho de protesta. En sus marchas en la capital no les importa ir contra las disposiciones legales, como la Ley 1.066/97 ni ninguna otra norma que garantiza el derecho de otros ciudadanos.

No hay derecho de impedir la libre circulación en ninguna calle ni ruta pública del país en nombre ni con pretexto de ninguna laya. Y los que lo hacen, hay que repetirlo, porque parece que no está claro para algunos, están actuando en contra de las normas legales.

Es bueno decirles que en esto están equivocados. No hay derecho de impedir la libre circulación en ninguna calle ni ruta pública del país en nombre ni con pretexto de ninguna laya. Y los que lo hacen, hay que repetirlo, porque parece que no está claro para algunos, están actuando en contra de las normas legales.
Estas organizaciones campesinas que tienen comportamientos extremistas, porque ir contra la ley es un extremo del comportamiento ciudadano, no están interesadas realmente en la solución verdadera de los problemas que los aquejan. Si no se explica por qué en lugar de tomar las ventajas concedidas en el acuerdo del 23 de abril del 2016 insisten en la condonación que ha sido y es inviable.
El documento suscrito entre el Gobierno y las organizaciones campesinas el año pasado está vigente y sus cláusulas tienen valor para asumirlas en la actualidad, igual que la Ley de Rehabilitación Financiera que tiene disposiciones muy ventajosas para las organizaciones mencionadas. Por lo que no hay razón lógica para estar exigiendo otro tipo de medidas.
Recordemos que mediante el acuerdo del año pasado, el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) reestructuró la deuda de 12.688 campesinos clientes de la institución por valor de 38.653 millones de guaraníes. Para alivianar la carga financiera de esos labradores, se condonó los intereses a 12.147 clientes por valor de 38.575 millones de guaraníes. También se les dio la posibilidad de que puedan devolver el capital de sus empréstitos con un plazo de 12 años.
Con Ley de Rehabilitación Financiera se benefició a 3.420 productores, quienes con las facilidades de dicha norma consiguieron nuevos créditos por un monto de 7.164 millones de guaraníes.
Ese pacto está en vigencia y el Gobierno Nacional está con las puertas abiertas para seguir buscando soluciones, por lo que no hay razón valedera para tomar posiciones extremas que no conducen a nada.

Por lo tanto, hay que reiterar el llamado a la cordura y al cumplimiento de las normas existentes para encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan. Porque si no estaríamos al borde del orden legal y al margen del comportamiento de una sociedad civilizada donde solo impera la ley del más fuerte y el capricho de los que actúan contra las disposiciones del derecho.

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