Efectiva y, sobre todo, literalmente, como dice la Constitución, los ex presidentes de la República serán senadores vitalicios, evidentemente una distinción, un tanto extemporánea, porque no se puede prever si a los mandatarios hay que reconocerlos por los servicios prestados, o sancionarlos, por los servicios dejados de prestar; pero la Constitución no establece que ese cargo sea excluyente de otros posibles cargos a desempeñar; ni en ninguna parte se dice que ese cargo honorífico sea a tiempo completo ni excluyente de otras posibles actividades políticas, económicas y sociales que puedan desempeñar, ya sea en el sector público o en el privado.

De derecho, ni siquiera se establece qué debe hacer o no hacer una vez nombrado senador vitalicio. De hecho, no se recuerda que ningún ex presidente haya ejercido tal cargo; ni se conoce algún mandato ni función que los vitalicios deban cumplir o hayan cumplido.

Hablando bien y pronto, se trata de un cargo honorífico y al santo cohete, ya que por el hecho de no haberlo ejercido, hasta el momento, ningún ex ha sido cuestionado o procesado, simplemente porque la Constitución no establece obligaciones, ni se ha legislado el artículo constitucional como para reglamentarlo.

Hasta el florero vicepresidencial tiene algunas obligaciones que cumplir en su largo período de cogobierno, ni generalmente han cumplido la indefinida e imprecisa obligación de ser nexo con el Congreso.

La única reglamentación planeada es que los presidentes destituidos por juicio político por mal desempeño de sus funciones no puedan aspirar a tal cargo.

Notable paradoja para la antología del absurdo, que muestra que la ley funciona al revés en nuestro ordenamiento; el único ex que ha sido hallado culpable en juicio político, el hoy senador con sus plenos poderes, atribuciones y derechos, es el ex presidente Fernando Lugo, quien fue condenado y destituido por un juicio político.

¿Premio o castigo? ¿Gajes de nuestra Constitución o de nuestros legisladores?

Definitivamente, no de la Constitución ni de los constituyentes, ya que no ponen limitaciones a los ex presidentes, sino simplemente un cargo protocolar sin ninguna limitación explícita.

Por si fuera poco, el tema de la posibilidad de que un ex presidente sea senador ya es un hecho y ha sentado jurisprudencia: el ex presidente Nicanor Duarte Frutos se candidató a senador sin objeción jurídica alguna, ganó el cargo encabezando la lista de su partido y fue electo por los votantes y proclamado como tal por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Abusando de sus atribuciones, violando la Constitución, un grupo de legisladores, opositores a su persona, boicotearon su juramento.

El tema, como corresponde, llegó a donde deben dirimirse los asuntos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, a la Corte, que dictaminó que el ex presidente podía asumir como senador.

Incluso quienes, amparándose en su supuesta autoridad de constitucionalistas, dijeron que acatarían el dictamen constitucional, tras la aprobación de la Corte, incumplieron su compromiso verbalizado por todos los medios, y Duarte, aunque tenía razón, como diría el brasilero, "ficó preso", es decir, sin la banca que le habían otorgado los votos y la razón que le había otorgado el Poder Judicial.

No es extraño que ya se esté preparando la próxima violación de la Constitución Nacional, teórica y verborrágicamente en su defensa. La cuestión no es, como se canta sacrosantamente la "defensa de la Constitución"; por el contrario, se viola la Constitución, las atribuciones del Tribunal de Justicia Electoral y, lo que es más grave, se viola a uno de los tres poderes que conforman el fundamento institucional de la República, el Poder Judicial.

La cuestión no es jurídica, es de "votos", es decir, que los que no tienen votos tratan a toda costa de sacar del camino a los que tienen votos, una nueva forma un tanto grotesca de llegar al poder, por la vía de eliminar a los contrincantes políticos; un camino para establecer una plutocracia mediática y política en contra del voto popular. En contra de la democracia. Violando la Constitución, en nombre de la Constitución. Es decir, un sacrilegio constitucional.