El crimen, en cualquiera de sus formas y presentaciones, es una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de cualquier país que se precie democrático. De entre los flagelos que amenazan la solidez de las instituciones no cabe duda que el tráfico de drogas o de armas, el lavado de dinero, la piratería o cualquiera de las formas que adquiera el contrabando representan un serio y real peligro.

El peligro es caer en el caos, en el desbarajuste, en la ausencia total del Estado, como produce en la actualidad, por ejemplo, en ciertas regiones de México, donde imperan los carteles del narcotráfico y las bandas delictivas, y en donde los organismos oficiales se encuentran notoriamente ausentes.

El violento episodio ocurrido en Ciudad del Este, donde un comando armado, perfectamente sincronizado y dotado de armas de guerra y elementos bélicos sofisticados, para perpetrar un atraco a la bóveda de una empresa de seguridad, es una pauta del poderío que tienen las organizaciones delictivas que operan en la frontera, mucho mejor dotadas en equipamiento que las propias fuerzas de seguridad. Este caso ha azuzado los temores ciudadanos, con justificada razón, pero a la vez debe provocar la conciencia de las autoridades.

Pero para poder evitar que el proceso de violencia que está tan presente en otros países se replique en el nuestro, es cuestión de analizar algunos aspectos que son relevantes a la hora de proponer soluciones a largo plazo.

Para poner coto a las organizaciones delictivas internacionales, que operan en la frontera, allí la presencia de estos grupos es alarmante, se debe necesariamente recurrir esfuerzos conjuntos, combatirlos con políticas y acciones que involucren a los Estados afectados. En una palabra, se precisa de soluciones transnacionales a problemas comunes a todos los países.

A la par de provocar preocupación de las autoridades locales el gran desafío que existe para nuestro país es poder neutralizar el avance de estos grupos delictivos como el Primer Comando Capital o Comando Vermelho y para lograr anular la acción de estas organizaciones es menester dotar de más presupuesto a las fuerzas públicas, tanto policiales como militares, que incentive no solo la actualización de equipos y armamentos, sino también afianzar el sustento logístico y la mayor sujeción a los servicios de inteligencia. Resulta más que claro que presupuesto y eficiencia pueden estar no conectados, pero es imposible que haya eficacia con ausencia de inversión.

Así como este papel activo debe impulsarse desde la administración de gobierno, no es menos cierto que también debe haber un amplio consenso y acompañamiento del Poder Legislativo, de tal suerte a aprobar aquellos pedidos que realice el Ejecutivo para invertir en sus organismos de seguridad. Y no que suceda, como ocurrió en agosto del año pasado, cuando la Cámara de Senadores no acompañó el pedido realizad por el Gobierno de aprobar un millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que iba a ser destinado al financiamiento del "Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana", que es competencia del Ministerio del Interior.

Por último, hay otros factores que se deben atender a la hora de un combate más efectivo al crimen organizado. No hay que soslayar que estas organizaciones prosperan aprovechando las turbulencias políticas o económicas; de allí surge la necesidad de que los gobiernos adopten políticas y programas que garanticen y fomenten un mayor acceso de la población y participación del desarrollo económico.

En definitiva, la lucha contra el crimen transnacional, aunque supeditada en los círculos fronterizos, es una responsabilidad ineludible de los gobiernos en general, pero no en una acción individual, sino a través de una labor conjunta.