El gesto del presidente Cartes, de renunciar a la propuesta de su candidatura a la reelección, como una forma de pacificar el conflicto coyuntural ha sido saludado por casi todos como un renunciamiento voluntario en aras de superar un conflicto, más que una derrota de "enmienda".

Eso no quiere decir que el tema de la reelección vía enmienda vaya al cementerio, ya que no comenzó en esta etapa, sino que se ha planteado por tercera vez en la historia de la transición.

Fue una propuesta abierta colorada a favor de Duarte Frutos y luego de Lugo, que hasta instauró la recolección de firmas que repitieron ahora los colorados.

La coincidencia más generalizada para entender el rechazo es, fundamentalmente, que en todos los casos se hizo a destiempo, es decir, sin el tiempo necesario para madurar la propuesta en el debate público, por el procedimiento que establece la Constitución, que en ningún punto en que se establece que "no se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda" incluye la reelección.

Esa forma intempestiva y próxima al final de las gestiones presidenciales es la que ha creado inseguridad y desconfianza, y la fácil factibilidad de crear un falso consenso mediático en contra, pese a que haya una amplia mayoría que apruebe la gestión del gobierno, que es de lo que trata y debe tratar una enmienda: si vale la pena, como se avalúa en todas las democracias, la prolongación del mandato.

La enmienda no es una maldición inconstitucional, ni, mucho menos, "de sangre", como ha titulado sensacionalistamente un medio, sino un artículo constitucional, previsto para cambiar la Constitución, y a corto plazo, por eso su enunciación comienza: "Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas…", es decir, para cambiar artículos que pudieran requerir actualización a corto plazo.

La sangre no es culpa de la enmienda ni de quienes la proponen, sino de los "fundamentalistas" que promueven el vandalismo en nombre de la aprobación indebida del derecho a establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad" de la Constitución y las leyes, ya sean legisladores, dirigentes políticos, sacerdotes, dueños de medios o periodistas, violando la Constitución al atribuirse poderes y condenas públicas que no les corresponden, y que promueven la calumnia, el escrache público, incluso atentando contra bienes ajenos, y la violencia contra los que tienen un pensamiento diferente.

El conflicto en torno a la enmienda no nació con este gobierno, sino con las Constitución de 1992, cuando el gobierno de Rodríguez la entendió, tal cual estaba enunciado por escrito en la Carta Magna, y como lo enunciaron públicamente constituyentes y referentes políticos del inicio de ese proceso, como una forma de evitar su posible reelección. Los tres años para enmendar la Constitución dejaban a Rodríguez fuera de juego.

Se prohibía drásticamente la reelección por tres años.

El diferendo está a continuación en el artículo 290, en que se establece que la Constitución puede enmendarse a partir de los tres años de su promulgación vía enmienda, y establece con claridad las disposiciones que no pueden ser cambiadas vía enmienda entre las que no figura la reelección.

Por si faltara más, ya se hizo una enmienda constitucional en el 2011, sin que nadie presentara recurso alguno ni denuncia alguna para su aplicación y, siguiendo los procedimientos, se aprobara, por las dos cámaras del Congreso y por el referéndum popular, su implementación.

No hubo ni escándalo, ni vandalismo ni sangre.

Vale la pena reflexionar una vez más sobre el hecho, ya que, la historia nos indica que los sectores políticos con más votantes están a favor de la enmienda; de hecho, la reelección debe ser en última instancia una opción del electorado para aprobar o desaprobar una gestión de gobierno.

Así que como el debate va a rebrotar –de hecho, el luguismo por la vía del "fariñeo va a proseguir con la causa"– es por lo tanto fundamental que se instale el debate público al respecto, en el terreno del análisis, la difusión de la Constitución seriamente, no oportunistamente, electoralistamente, y con afirmaciones categóricas y apocalípticas de profetas y predicadores, en vez de con la dialéctica del diálogo.

Y no hay que olvidar que, al contrario de quienes anuncian escandalosamente la posible reinstalación de la dictadura por culpa de "la enmienda", las dictaduras constitucionales que ha sufrido el país, desde 1940, fueron instauradas por convenciones con mayorías coyunturales. El estronismo fue maestro en "constitucionalizar" al dictador en base a convenciones, en algunos casos hasta con participación de los opositores.