• POR CHAD BRAY Y STANLEY REED

El 3 de enero, Petróleo Brasileiro, la petrolera controlada por el Estado brasileño, mencionó que había accedido a pagar US$ 2.950 millones para liquidar la demanda de un accionista de EEUU por un escándalo de corrupción que ha hecho caer a decenas de políticos y ejecutivos corporativos, entre ellos dos ex presidentes de Brasil.

En una investigación de mucho tiempo conocida como "Operación Autolavado", los fiscales han asegurado que un pequeño grupo de altos funcionarios de la empresa, conocida como Petrobras, conspiraron con un grupo de otras empresas para cobrar de más a Petrobras por construcciones y trabajos de servicio, y a cambio recibieron sobornos.

El escándalo y la gran investigación resultantes han implicado a decenas de figuras del más alto nivel como el ex presidente Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff. Las acusaciones de corrupción también han acosado al actual presidente, Michel Temer, y a varios de sus aliados más cercanos.

Los funcionarios de Petrobras creen que se pagaron cerca de US$ 3.000 millones en sobornos como parte del esquema, el cual supuestamente incluía regalos como relojes Rolex, botellas de vino de 3.000 dólares, yates, helicópteros y prostitutas.

El 1 de enero, la empresa señaló que fue víctima de un esquema de sobornos y que ya había recuperado 1.475 millones de reales brasileños (US$ 449 millones) de resarcimiento. Petrobras mencionó que iba a "seguir buscando todos los recursos legales disponibles para recibir reparaciones de las empresas y los individuos culpables".

"El acuerdo es en beneficio de la empresa y de sus accionistas, debido a los riesgos de un veredicto producto de un jurado, de las particularidades de los procedimientos en EEUU y de las leyes de garantías, así como su evaluación del estatus de la demanda colectiva y de la naturaleza de este tipo de litigios en EEUU", mencionó Petrobras en una declaración que presentó el 3 de enero ante la Comisión de Bolsa y Valores.

La empresa aseguró que pagaría el acuerdo en tres cuotas, pero que iba a reconocer la liquidación total como parte de los resultados del cuarto trimestre del 2017. Señaló que la liquidación no constituía una admisión de delito o conducta inapropiada y que "explícitamente negaba su responsabilidad" en el acuerdo.