Mary Williams Walsh.

Con los acreedores tocando a su puerta y las arcas vacías, Puerto Rico buscó lo que en esencia es ayuda por bancarrota ante una corte federal el 3 de mayo, la primera vez en la historia que un estado o territorio de Estados Unidos toma tan extraordinaria medida.

La medida puso a Puerto Rico en territorio desconocido, con una deuda de aproximadamente 123.000 millones de dólares y obligaciones de pensión que exceden con mucho la bancarrota por 18.000 millones de dólares declarada por Detroit en 2013.

Si bien con el tiempo los procedimientos judiciales podrían hacer que la isla fuera solvente por primera vez en muchos años, las repercusiones inmediatas son más bien sombrías: los trabajadores del gobierno tendrán que renunciar a su pensión, las obras de salud pública e infraestructura van a hacer falta y se podría intensificar la "fuga de cerebros" a medida que se vayan al territorio continental más profesionistas.

Puerto Rico "no puede proporcionarles a sus ciudadanos servicios efectivos" debido al aplastante peso de su deuda, según documentos presentados el 3 de mayo por la junta federal que ha supervisado los asuntos financieros de la isla desde el año pasado.

El total de la deuda consta de unos 74.000 millones de dólares en deuda de bonos y 49.000 millones de dólares en obligaciones de pensión sin financiamiento.

Si bien muchas de las circunstancias de Puerto Rico son únicas, su caso constituye también una señal de advertencia para muchos estados y municipios de Estados Unidos –como Illinois y Filadelfia– que se están enfrentando a las mismas presiones, como el aumento del costo de las pensiones, el deterioro de la infraestructura, la pérdida de ingresos por los contribuyentes que se van a otro lado y la degradación de su crédito, lo que vuelve más costoso conseguir dinero. Puerto Rico siempre ha estado impedido de declararse en bancarrota. Pero, a fin de cuentas, la realidad se impuso a los estatutos y el año pasado, el Congreso promulgó una ley que establece unos procedimientos similares a la bancarrota.

Puerto Rico ha vivido una dolorosa recesión desde el 2006 y los gobiernos anteriores lo hundieron aún más en la deuda, pidiendo prestado para cubrir sus gastos operativos, año tras año. Desde hace dos años, los funcionarios han estado buscando ayuda de Washington, rindiendo testimonio ante sesudos comités del Congreso e incluso presentando argumentos orales en favor de la vía rápida ante la Suprema Corte de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de Puerto Rico para obtener concesiones de sus acreedores no han llegado a ninguna parte. Ahora, los próximos procedimientos judiciales le darán a Puerto Rico facultades extraordinarias para imponer unilateralmente pérdidas a los acreedores que queden.

Es probable que los numerosos acreedores de la isla –que el 2 de mayo entablaron juicio contra Puerto Rico, lo que incitó al gobierno a solicitar el alivio judicial el 3 de mayo– recuperen mucho menos dinero del que quisieran. Su predicamento podría ser una advertencia para los titulares de bonos de otros estados y ciudades en apuros. El caso de Puerto Rico podría mostrarles a los trabajadores públicos y jubilados que los aparentemente inamovibles sistemas de pensión también pueden cambiar.

El siguiente paso es que la Suprema Corte –específicamente, su presidente, el juez John G. Roberts Jr.– designe a un juez federal de distrito para que maneje el caso.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, emitió una declaración el 3 de mayo para tranquilizar los ánimos, pese a que él mismo solicitó la protección de la corte federal. "Seguimos comprometidos a mantener negociaciones de buena fe para llegar a un acuerdo con nuestros acreedores", declaró, agregando que esperaba que los procedimientos judiciales "aceleraran el proceso". Al parecer se estaba refiriendo a las facultades extraordinarias que tendrá Puerto Rico ahora para imponer unilateralmente fuertes pérdidas a sus acreedores.

Pero algunos de esos acreedores están furiosos.

"La propuesta del gobierno no es un punto de partida creíble para las negociaciones", aseguró en una declaración Andrew Rosenberg, de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison, firma que asesora al grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Obligaciones Generales de Puerto Rico. Advirtió que pasar los procedimientos al tribunal de quiebras pondría la situación en "caída libre".

Los acreedores recibieron una sorpresa este año, cuando Rosselló emitió un plan fiscal quinquenal que asignaba únicamente 800 millones de dólares al pago de capital e intereses de la deuda de bonos de Puerto Rico, mucho menos de los 3,500 millones de dólares anuales que costaría hacer esos pagos a tiempo. La perspectiva de sufrir pérdidas a tal escala hizo que algunos acreedores alegaran que les correspondía por derecho la mayor parte de los 800 millones.

"Estas cosas están empezando a desarrollarse de una manera de mucha confrontación y eso revela que esta será una jornada larga y disputada para Puerto Rico", señaló Matt Fabian, socio de Municipal Market Analytics que analiza de cerca la actividad en el mercado de bonos municipales.

El caso de Puerto Rico será el primero que se escuche dentro de una ley federal para territorios insolventes, llamada Promesa, que fue promulgada el año pasado. El gobierno de Obama había advertido que estaba por estallar una "crisis humanitaria" si no se le daban facultades extraordinarias a Puerto Rico para abrogar deuda. No existe un cuerpo judicial de precedentes de Promesa, pero los acreedores de la isla –que van desde administradores de fondos de cobertura hasta inversionistas en pequeño– se están preparando para una batalla titánica.

A pesar de la profundidad de los problemas de la isla, muchos republicanos en el Congreso se han opuesto a permitir el alivio de deuda, diciendo que la isla ha recibido desde siempre grandes subsidios para su sistema de salud, vivienda pública y otras obras. Señalan que Puerto Rico debe de explicar qué ha hecho con ese dinero para poder recibir más ayuda.

Hace dos semanas, el presidente Donald Trump inesperadamente le echó más leña a la hoguera, asegurando en Twitter que no habría "rescate" para Puerto Rico.

En la isla no se considera a Washington un aliado sino un antipático amo colonial. La medida para iniciar los procedimientos tipo quiebra, bajo un juez federal, intensificó las quejas de que Puerto Rico ha perdido todo control de su propio futuro.

Pero, al mismo tiempo, algunos puertorriqueños aseguran en privado que si los procedimientos judiciales le permiten al gobierno cancelar deuda, entonces la isla quizá obtenga al fin el reinicio que necesita.