- Por Augusto dos Santos
- Analista político
Un sociólogo paulista llamado José de Souza supo decirnos una vez –durante una conferencia– una frase que por su sencillez sabe revestirse de contundencia; expresó: "Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".
Las filtraciones han sido extraordinarias para modificar el curso de la historia, no solo del periodismo, sino de las relaciones entre el secretismo y el poder en el mundo entero. Pero una cosa es la tarea de un hacker tratando de vulnerar un sistema para obtener datos explícitos y reveladores sobre determinados asuntos (en el caso paraguayo los audios lo son) y otra cosa es recurrir a una burda sinvergüenzada para lograr información sobre cruce de llamadas que en esencia determinan relaciones pero no el contenido de las mismas.
Una cosa es la licencia constitucional que tienen los periodistas de apropiarse de contenidos sin citar sus fuentes, y otra cosa es la vulneración de la privacidad, mirada desde la operación de una institución como el Ministerio Público o desde el funcionamiento de una telefónica.
No es posible que exista tanta ligereza y descontrol en la solicitud de datos de comunicación de los ciudadanos en la relación entre el Ministerio Público y las telefónicas.
No existen mínimas herramientas de control sobre la pertinencia y la correspondencia de los datos solicitados con la incumbencia de una investigación en curso y ello se presta sobremanera a cualquier tipo de aprovechamiento y abuso de tal potestad. Se esperaría que existieran procedimientos o protocolos que obliguen a los agentes del Ministerio Público a demostrar una mínima conexión entre los hechos investigados y la demanda de información que producen ante las proveedoras de servicios de comunicación porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la privacidad de las personas.
En la otra parte, también las telefónicas deberían coordinar con el Ministerio Público algún tipo de acuerdo operativo que les permita certificar la procedencia de estos pedidos (procedencia en términos de legitimidad para evitar falsificaciones) evitando el bochorno de una falsificación burda que bien podría vulnerar los sistemas de respuesta rápida que existen en tales empresas.
Las mismas sostienen que mensualmente responden a más de cien pedidos de este tipo lo cual es un dato representativo de la importancia que estos cruces tienen para las investigaciones fiscales y policiales.
El escándalo develado ayer por La Nación sirve además para demostrar la desprotección de los ciudadanos ante abusos que se pueden cometer para obtener información clave sobre las personas. Su publicación independiente o interesada no es lo más grave; lo más grave es que esta información quede en manos de chantajistas y extorsionadores que terminen siendo dueños de la intimidad de centenares de ciudadanos.
Porque una cosa es la filtración cuyo fin de transparencia puede ser casi heroico y otra cosa es el asalto de datos de una telefónica que hoy puede afectar a unos y mañana a otros con una simple orden fiscal inescrupulosa o una burda falsificación, cualquiera sea el caso.
Finalmente, debería ponerse un énfasis especial en que existan condiciones razonables para la solicitud de datos por parte de los agentes fiscales porque con el actual criterio el día de mañana se pedirá un cruce de llamadas de los celulares de Haedo Valdez y Leonel Álvarez en el marco de la investigación de la depredación del jacare yrupê.